La prescripción en el proceso penal peruano

Abstract

En los últimos años hemos sido testigos de la serie de críticas que ha venido recibiendo el sistema judicial penal de parte del público en general, como consecuencia de la insatisfacción de la ciudadanía por el servicio que reciben de las autoridades encargadas de brindarlo. Gran parte de estas críticas se originan por la lentitud de los procesos, que en algunos casos se debe a una sobrecarga procesal, el no cumplimiento de los plazos establecidos, innecesarias dilataciones o cualquier otra situación, que lo único que logran es que la justicia tarde, e inclusive nunca llegue, en cuyo caso, si cualesquiera de estas situaciones se presentasen, no habría sido oportuna y por tanto habría dejado de ser justicia. Una de las razones de este problema está dada por el hecho de que la legislación que actualmente se aplica a los procesos penales tiene su base en el Código de Procedimientos Penales que data de 1940; es decir, nuestros procesos penales son tramitados de acuerdo con una norma que ya tiene 66 años. Si imaginamos qué pasaba hace 66 años en nuestro país y cómo un abogado desarrollaba su trabajo en ese tiempo, en la mayoría de los casos sin teléfonos ni faxes, mucho menos computadoras; cuando la carga procesal no tenía los niveles extremos a los que ha llegado hoy, entenderemos que la norma perdió vigencia y que los tiempos han cambiado en forma notable. En efecto, en los últimos 66 años los adelantos tecnológicos han motivado una evolución considerable que ha vuelto muy dinámicos los actos de la humanidad; lamentablemente nuestra norma procesal penal se ha quedado en el tiempo, no ha evolucionado al ritmo que la sociedad exigía; se vio desfasada, por lo que se hizo necesario hacerle una serie de innovaciones, entre ellas la entrada en vigencia de algunos artículos del Código Procesal Penal de 1991, pero sin que se hayan cambiado sustancialmente las características propias del proceso. La prescripción es una de las formas de extinción de la acción penal, que consiste en que solo el transcurrir el tiempo libera irrenunciablemente al procesado de la facultad punitiva del Estado. Antes de desarrollar algunas ideas sobre el tema materia del presente artículo, no po demos dejar de mencionar la posible presencia en nuestra legislación del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, cuya total entrada en vigencia dependerá de una serie de factores, en algunos casos ajenos al propio sistema judicial. Este nuevo cuerpo normativo dará mayor agilidad al proceso, buscando, entre otras cosas, evitar la repetición de las investigaciones a cargo de distintas autoridades.