Resumen:
Culpable o inocente, nadie tiene una bola de cristal al inicio de un caso. La jurisprudencia peruana de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ha establecido como regla que el imputado debe gozar de libertad durante el proceso, pero en casos especialmente graves o de gran impacto social como los de corrupción, lavado de activos, robo o violación sexual, esta regla se distorsiona y se convierte en la excepción. Esas personas son los enemigos públicos. Así, deben ser apresados, inocuizados, reducidos y, luego de varios meses o incluso años, llevados a juicio para definir si son tan culpables como lo parecían o si son solo inocentes.